En una victoria para los estudios étnicos, un juez federal impide que Arizona prohíba los estudios mexicano-estadounidenses

El miércoles, un juez federal dio el golpe final al polémico proyecto de ley 2281 de la Cámara de Representantes de Arizona, una ley que prohibía los estudios mexicano-estadounidenses en el Distrito Escolar Unificado de Tucson de Arizona, según el Huffington Post. Después de una larga y dura batalla que duró siete años, los defensores de este programa pueden cantar victoria.

En 2010, la legislatura de Arizona prohibió el programa de Estudios México-Americanos del Distrito Escolar Unificado de Tucson a través de la Ley de la Cámara 2281, según el Tucson Weekly. La HB 2281 declaró ilegal la impartición de clases que «promuevan el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos», «promuevan el resentimiento hacia una raza o clase de personas», «estén diseñadas principalmente para alumnos de un grupo étnico en particular» o «aboguen por la solidaridad étnica en lugar del tratamiento de los alumnos.» En agosto, el juez de distrito A. Wallace Tashima dictaminó que el estado había actuado con intención discriminatoria, y que violaba los derechos de los estudiantes en virtud de la Primera y la Decimocuarta Enmienda, así como varios estatutos estatales.

Esta semana, Tashima emitió una orden judicial permanente contra la ley, lo que provocó el entusiasmo en Twitter.

¡Gracias a Dios! Como recordatorio, nuestro estado solía ser parte de México y el 30% de la población de Arizona es hispana/latina.

Arizona ya no puede prohibir los estudios mexicoamericanos, dice el juez https://t.co/ODjVh3uJGE vía @HuffPostPol

– Rebekah (@misrebekah) December 28, 2017

Juez federal bloquea a #Arizona de prohibir las clases de estudios mexicoamericanos – ¡Gracias, juez Tashima! #stopracism https://t.co/5TE1ZOVY99

– Rick Fernández (@rickfdez) 28 de diciembre de 2017

¡Esto! ¡Feliz año nuevo, mi gente! #InLakEch https://t.co/wgsiSFX91W

– Curtis Acosta (@CurtisAcostaLLP) December 27, 2017

No está claro si el estado impugnará la orden, pero después de siete años, Arizona puede buscar eliminar el mandato judicial.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.