Los trabajadores de la planta de Dow Chemical que producen DBCP quedaron estériles por la exposición al DBCP. Estos efectos en la reproducción masculina eran coherentes con los experimentos en animales que muestran que el DBCP esteriliza a los conejos. Un trabajador contratado en la planta de producción demandó con éxito a la empresa. La mayoría de los trabajadores permanecieron en la empresa y en un programa médico patrocinado por la misma hasta que se vendió la planta en 1987. En ese momento, algunos de los trabajadores presentaron una demanda contra la empresa. Sin embargo, la demanda fue rechazada por cuestiones de prescripción.
La mayoría de los usos domésticos del producto químico fueron prohibidos en 1977. En medio de la creciente preocupación por los efectos del DBCP en los trabajadores varones, Dow cesó la producción y recuperó el DBCP que había sido enviado a sus usuarios.
Sin embargo, a pesar de las advertencias de Dow sobre sus efectos en la salud, la Dole Food Company, que utilizaba el producto químico en sus plantaciones de plátanos en América Latina, amenazó con demandar a Dow si detenía los envíos de DBCP. Dow envió entonces medio millón de galones de DBCP a Dole, gran parte de ellos reclamados a otros usuarios. Los trabajadores de las plantaciones que se volvieron estériles o sufrieron otras enfermedades demandaron a Dow y a Dole ante los tribunales nicaragüenses, alegando que sus dolencias fueron causadas por la exposición al DBCP. En virtud de una ley especial aprobada específicamente para los litigios relacionados con el DBCP, los tribunales nicaragüenses fallaron a favor de los demandantes y les concedieron más de 600 millones de dólares por daños y perjuicios. Cuando los abogados de los demandantes trataron de ejecutar una de esas sentencias en Estados Unidos, el Tribunal de Distrito de Florida sostuvo que «el testimonio médico creíble y no refutado en este caso es que es fácticamente imposible que haya ocurrido lo que se representa en la sentencia», y que el debido proceso «no permite conceder indemnizaciones ante pruebas científicas claras de la ausencia de causalidad» o, como en este caso, «con pruebas que no son culpables». Un grupo de trabajadores presentó entonces una demanda en Estados Unidos, y el 5 de noviembre de 2007 un jurado de Los Ángeles les concedió 3,2 millones de dólares. El 15 de julio de 2010, esa sentencia fue anulada después de que el tribunal que presidía el caso considerara que las demandas formaban parte de «un fraude masivo perpetrado al tribunal». El 23 de abril de 2009, un juez de Los Ángeles también anuló dos casos similares contra Dole y Dow Chemical por fraude y extorsión por parte de abogados de Nicaragua que reclutaron a demandantes fraudulentos para presentar reclamaciones contra la empresa. El fallo pone en duda 2.000 millones de dólares en sentencias en demandas similares.
Los trabajadores de Costa de Marfil, utilizando la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros, y alegando esterilidad, crímenes contra la humanidad y genocidio, demandaron (en Abagninin v. AMVAC Chemical Corp. ), a estos fabricantes de DBCP: Amvac Chemical, Dow Chemical, Shell Oil Company, así como a Dole Food Company, que lo utilizó en cultivos de ultramar, pero nunca lo utilizó en Costa de Marfil. El Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Noveno Circuito falló en contra de los trabajadores en septiembre de 2008, declarando que los demandantes no demostraron que los acusados tuvieran una «intención específica» de perjudicar a los trabajadores y a los ciudadanos del país. Para ser declarado culpable de genocidio, el acusado debe haberse propuesto conscientemente cometer el delito.